Rogelio “El Gordo” Villalba pasó más de 30 meses encerrado en la Unidad 10 del penal de Villa Urquiza. Había sido detenido en septiembre de 2016 en un megaoperativo realizado por la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal. Está acusado de dirigir una red de narcomenudeo en La Costanera. Pero como su causa aún no llegó a juicio, el miércoles por la noche recuperó la libertad. Horas después llegó al barrio. Lo recibieron con bombas de estruendo y una fiesta interminable que duró hasta la madrugada.

“No sabíamos qué pasaba. Después se conoció la noticia. Comenzará una etapa oscura en el barrio”, dijo Juan, un vecino que sabe que nada será igual en La Costanera. Pese a que “El rey del paco” estaba encerrado, sus familiares habrían continuado con el negocio. Pero no lo hacían solos. Hay indicios de que en el vecindario se habría instalado al menos otro grupo liderado por un tal “Cristian”. “Con ‘El Gordo Rogelio’ de vuelta, aquí ocurrirá cualquier cosa”, indicó el hombre, que teme por su vida.

Villalba, que ya había sido condenado por comercializar drogas con un sistema de cadetes años atrás, fue acusado de dirigir el grupo que traía cocaína desde Bolivía a través de mulas, de estirarla y comercializarla en el barrio del este de la ciudad. Quedó en libertad porque estuvo dos años con prisión preventiva sin ser enjuiciado. En su casa, ubicada en el corazón del barrio en el que extendió su dominio, esperará enfrentar al tribunal.

Otro caso

Pero este no es el único caso de acusados a los que se les están venciendo los plazos procesales. La Justicia Federal dictó un fallo con el que también recuperarán la libertad a partir del 9 de mayo más de 15 personas que habrían integrado “La banda del Gordo Vaca”, uno de los grupos narcos más importantes que se desarticularon en los últimos tiempos.

En noviembre de 2016, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, al mando de los comisarios Jorge Nacusse y Santiago Dadamo, en el mayor operativo de la historia de esa división, secuestró 130 kilos de marihuana, 15 kilos de cocaína, casi $ 1 millón y sustancias para procesar la droga. En esa oportunidad fueron detenidos Luis “El Gordo Vaca” Vega y Alejandro “El Seco Ale” Astorga, quienes serían los líderes del grupo. Con el correr de las semanas, se detuvo a más de 10 personas que se encargaban de fraccionar, comercializar, distribuir la droga y hasta lavar el dinero que obtenían con esta actividad ilícita.

La Justicia Federal dispuso el procesamiento y el dictado de la prisión preventiva para la gran mayoría de los acusados. En noviembre pasado se resolvió extender un año más el plazo de encierro de los imputados. Manuel Pedernera y Ezequiel Filman, defensores de Astorga, apelaron el fallo porque consideraron que la investigación había sido cerrada y que solo faltaba que se desarrolle el juicio. La Sala III de Casación Penal de Buenos Aires, después de analizar el caso, falló a favor del acusado. Decidió reducir a seis meses la detención o hasta que se inicie el juicio en su contra. Como es casi imposible que el debate oral se inicie el 9 de mayo, el imputado y por consiguiente los otros acusados, con la presentación de un mero escrito, recuperarían la libertad.

“La prisión preventiva debe ser una excepción, no la generalidad. Esta defensa no hizo ningún planteo dilatorio para demorar el proceso. No hay excusas para que estén privados de su libertad durante tanto tiempo. La mora judicial no es culpa del imputado”, indicó Pedernera, defensor Astorga.

El profesional cuestionó duramente el sistema. “El narcotráfico genera alarma en toda la sociedad, no hay dudas. El Gobierno nacional puso en marcha toda una estrategia para combatirlo y para secuestrar drogas, pero no tomó las medidas necesarias para que judicialmente los investigados sean condenados o absueltos por los delitos de los que fueron acusados. Se conforman con dejarlos encerrados como sea, violando todas las normas vigentes”, comentó.

“Entonces -agregó- no se cumplen con los plazos y, ante la sociedad, los defensores somos mal vistos, cuando en realidad hacemos nuestro trabajo. La mora judicial no es culpa de los imputados. Las cárceles están llenas de presos porque no se enjuicia a los acusados. En un tema tan sensible para la comunidad como es el tráfico de drogas, no debería haber mora judicial. Esta es una cuestión de política criminal que no se está llevando adelante”, concluyó.

En espera

Estos no son los únicos ejemplos de mora judicial. El más emblemático es el de Daniel “Garra” Jalil, supuesto líder del clan conocido como “Los Garra”. Fue detenido en 2013 acusado de dirigir una organización que se dedicaba al narcomenudeo, pero hasta el momento no se sentó en la silla de los acusados. En mayo de 2017, su hijo, Abraham Jalil, fue condenado a 6 años de prisión. Cuando hizo uso de la palabra durante la audiencia, señaló que él nunca estuvo en el negocio y que en realidad había sido una víctima de su padre.

Antonio “Tony” Lobo aspiraba a ser delegado comunal de El Puestito, en Burruyacu. Pero su sueño quedó trunco al ser detenido por la Digedrop en noviembre de 2017. Lo acusan de manejar una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína, con la participación de seis personas. El imputado tenía un llamativo antecedente: años antes fue arrestado junto a Federico “Morenita” Marín, uno de los traficantes más conocidos del país, de Villa Fiad, quien fue detenido recientemente. Por un problema de salud, fue beneficiado con arresto domiciliario.

En junio también se cumplirán los dos años de la detención de Nilda “La Cabezona” Gómez y Miriam “La Negra” Soria, acusadas de dirigir una organización que se dedicaba al tráfico de drogas para abastecer a diferentes quioscos de la provincia. Por este hecho también fueron detenidas otras 10 personas que habrían cumplido diferentes roles en la organización.

La suerte de las mujeres fue distinta: mientras Gómez siempre permaneció detenida, La “Negra”, siempre cumplió arresto domiciliario. Hubo varias denuncias en su contra para que le quitaran ese beneficio, pero nunca prosperaron.

Fuente La Gaceta