jose alperovich
Caso Lebbos | La sentencia de sus ex funcionarios por encubrimiento del crimen de la joven Paulina Lebbos, no hicieron más que abrir una puerta mayor, la de la responsabilidad del ex gobernador José Alperovich en las acciones de sus colaboradores. Los fundamentos del veredicto señalan esa probabilidad. Los decretos de ascenso de policías implicados, lo complican aún más.

Premonitorio

Tal como lo anticipara Diario Cuarto Poder en la edición posterior a la condena de los ex funcionarios de José Alperovich, por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, había claras pruebas de que ese encubrimiento alcanzaba al ex titular del Poder Ejecutivo.

El sólo pedido de investigación por parte del Tribunal conformado por Carlos CaramutiDante Ibáñez y Rafael Macoritto, hacia el fiscal Diego López Ávila, sobre la responsabilidad en la firma de decretos que reincorporaban y ascendían a personal sospechado de irregularidades en el caso del crimen de la joven estudiante de periodismo, era un camino que conducía al propio ex mandatario.

La participación de Alperovich, según la Justicia

Sin embargo, lo dijo con todas las letras el vocal Ibáñez, quien afirmó en su dictamen que “Se puede deducir, y oportunamente se deberá investigar y probar, que la participación de los altos jefes policiales y políticos señalados, y la posibilidad real y cierta de la participación de miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF), que se debatirá próximamente (me refiero al ex fiscal Carlos Albaca), me lleva a poder sostener en grado de probabilidad cierta la participación del entonces gobernador de la provincia, José Jorge Alperovich. Sin su conocimiento y consentimiento, en principio, nada de esto podría haberse llevado a cabo”.

Imposible que estuviera ajeno

Como ya lo señaló Diario Cuarto Poder, era imposible que Alperovich estuviera ajeno al accionar y las decisiones de sus ex funcionarios, tanto del secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella -hoy con problemas cardíacos-; como del ex jefe y subjefe de Policía, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Rubén Brito y el ex policía Waldino Rodríguez, aunque éste fue condenado a tres años de prisión en suspenso que le abrió la posibilidad de hacer tareas comunitarias como compensación. Ninguno de los condenados, salvo Rodríguez pudo haberse mandado solo en esta cuestión.

Decretos firmados

Alperovich tendría que explicar, así las cosas, la razón por la cual firmó algunos decretos de ascensos y nombramientos que parecen más que sospechosos. En ese sentido, en los fundamentos de la sentencia se sostiene:

“Se hace necesario investigar el ilegítimo ascenso del primer condenado por estos hechos, el comisario Enrique Antonio García, que hoy cumple pena”.
“Igualmente la ilegítima contratación de comisarios policiales retirados, que conforme analicé, no contribuyeron, sino más bien entorpecieron la investigación, concentrándose en una sola pista, a pesar de su evidente inconsistencia, descartando todas las otras y evitando, sin mayor justificación, cualquier análisis de la actuación de lo sucedido en el lugar del hallazgo, hecho por el cual resultó condenado el comisario ascendido en el juicio de diciembre de 2013 y los actuales acusados en el presente juicio”.

La firma de Alperovich

“Tanto dicho ascenso como contrataciones, fueron dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo, firmado por la más alta autoridad política de ese momento y las máximas autoridades del área de seguridad”.
“También resulta sugestivo el modo, en que los aquí acusados, fueron mantenidos en sus funciones durante bastante tiempo e incluso contratados, también por decreto del Poder Ejecutivo, con posterioridad a su retiro, pese a los serios cuestionamientos a que eran sometidos desde el inicio del presente proceso, entre otros, por el hecho por el que aquí resultan condenados”.
“Ello me lleva a pensar que el destinatario de toda esta actividad ilícita e irregular no podía ser el Imputado Gómez, sino otras personas muy distintas, que con o sin intervención del nombrado (al que voto por absolver por el beneficio de la duda), habrían cometido el grave delito, aún hoy impune”.

El aval del poder político

“Los hechos difícilmente se pudieron haber realizado sin algún tipo de conocimiento o aval de las esferas superiores del poder político”, sostuvo el tribunal al referirse a la ilegítima reincorporación e igual ascenso del ex comisario de Raco Enrique García -fue condenado en una causa vinculada con el crimen de Lebbos años después-, y la irregular contratación de los comisarios retirados Marcial EscobarAlfredo Jiménez y Luis Santana, quienes materializaron las maniobras de encubrimiento, entre otras situaciones. Las circunstancias son muy desfavorables para el actual senador nacional, quien parece encaminarse directamente a ser investigado.

La teoría de los hijos del poder

Con el pedido de investigación de Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario privado de José Alperovich y ex comandante de Gendarmería Nacional, Alberto Kaleñuk, se podría retomar la hipótesis de “los hijos del poder”, que tantas veces sostuvo y reclamó el padre de la joven asesinada, Alberto Lebbos.

La cuestión se potencia, teniendo en cuenta que también se ordenó investigar nuevamente a la amiga de Paulina, Virginia Mercado, a quien no le creen su versión de los hechos.
Por lo pronto, también el ex fiscal, Carlos Albaca, quien retrasó la investigación, tendrá que dar explicaciones por ello.