Denuncia internacional por el agua contaminada en una comunidad wichi

Desde la organización no gubernamental (ONG) Naturaleza de Derechos, se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que intervengan en el marco de sus competencias por la situación que vive la comunidad wichi de San Felipe, ubicada a 25 kilómetros al este de Rivadavia Banda Sur, por estar contaminada su única fuente de agua.

343   1/02/2017 Rogelio Parolo

En un comunicado oficial de la entidad se indicó que se hizo un relevamiento en la comunidad, detectando en ella unas 20 familias conformadas por 300 miembros, de los cuales 70 son niños y niñas.

Anterior mentes en algunos medios, además de las advertencias en las redes sociales, hicieron pública la situación de esta comunidad wichi. Entre otras causas, desde la comunidad indicaron que la construcción de una represa por parte del empresario Quintar impedía que el Bermejo limpie el arroyo de manera natural cada vez que ingresaba, y que esto fue generando que las aguas se estanquen. Desde la Secretaría de Recursos Hídricos se informó la emisión de la orden respectiva al Municipio de Rivadavia Banda Sur para destruir el embalse.

Mientras, la falta de agua en condiciones y la sensación térmica superior a los 40 grados empeora la situación de la comunidad, dado que abundan las deshidrataciones y diarreas en los chicos, con el peligro que ello implica. A ello se suma que los animales que crían los miembros de la comunidad murieron.

En el informe, desde la organización se agregó que las denuncias de la comunidad apuntan a que no cuentan con una sala de primeros auxilios y que ante un caso de urgencia tienen que recurrir a una sala de salud de la localidad de Rivadavia Banda Sur, distante entre 20 y 30 kilómetros aproximadamente del asiento de la comunidad, careciendo de medios propios para trasladarse.

Emergencia sanitaria

Según se indicó, se solicita que las autoridades de la provincia declaren la emergencia sanitaria y ambiental. A ello sumaron el hecho de que las autoridades provinciales se comprometieron en enero de 2016. Sin embargo, la comunidad sostiene que el pozo está inconcluso. Desde el Gobierno provincial, en tanto, se habló de la destrucción del pozo que ya se encontraba en funcionamiento.

“Más allá que la obra pública proyectada es por demás insuficiente, ya que el agua subterránea en la zona presenta niveles muy altos de arsénico”, indica la organización al sostener que las soluciones están lejos de ser satisfactorias.

Por el momento se elevó el requerimiento al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, para que informe sobre la obra proyectada y anunciada oportunamente y que disponga “de modo urgente” la provisión de agua potable en bidones a la Comunidad wichi afectada.

Se les recordó a las autoridades nacionales de Salud que la Ley 23.302 declara de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Ante ello, solicitaron los recursos necesarios para ayudar en el desarrollo de la comunidad en distintas actividades.

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