Indagan a De Vido por la obra pública

290   1/11/2016 Gastón Banegas

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, acudió a la declaración indagatoria en el marco de la causa por la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez, durante la gestión kirchnerista. También se presentó por la creación de la línea aérea Lafsa que nunca funcionó.

De Vido, actualmente diputado nacional, debe concurrir a declarar ante el juez federal Julián Ercolini, tal como lo hizo ayer la expresidente Cristina de Kirchner. Para mañana está citado el propio Báez -que pidió la nulidad de la indagatoria- y para el jueves el exsecretario de Obras Públicas, José López, detenido cuando intentó ocultar en un convento u$s 9 millones distribuidos en varios bolsos.

Días atrás, la defensa de Báez había pedido postergar la indagatoria, porque su abogado Maximiliano Rusconi se encuentra de viaje, pero el juez denegó el pedido, ya que sostuvo que el empresario detenido podía estar acompañado por Gabriel Palmeiro, otro letrado del mismo estudio.

El exempresario está llamado a indagatoria el miércoles, para lo cual deberá ser trasladado desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde abril en el marco de otra causa en la que es investigado por lavado de activos.

Fuentes judiciales informaron que ya está programado el operativo de seguridad que facilitará el traslado de Báez desde Ezeiza hasta los tribunales federales de Retiro, que será similar al que se llevará a cabo el jueves para trasladar al exsecretario de Obras Públicas, José López.

López, otro de los imputados en la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante el gobierno kirchnerista, desde junio cuando fue atrapado mientras intentaba ocultar en una convento varios bolsos con millones de dólares.

Ayer, la expresidente Cristina de Kirchner pidió a través de un escrito la nulidad de su citación a indagatoria y de la causa por la que se presentó este lunes ante el juez federal Julián Ercolini. Aseguró que la causa es “política” y negó ser amiga o socia del empresario detenido, y advirtió que la mayoría de la obra pública fue adjudicada a otras empresas.

La exmandataria no respondió las preguntas del juez, y solicitó que se audite toda la obra pública licitada durante su gestión, incluida la que se le otorgó a la empresa IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Cristina insistió además en que es víctima de “una maniobra formidable de persecución política”, según explicó ella misma ante la prensa a su salida de los tribunales federales de Buenos Aires.

En este marco, definió como “un disparate mayúsculo” la causa que lleva Ercolini en su contra y consideró que con esas medidas se busca la “proscripción, difamación y estigmatización de un movimiento político”.

“Es un disparate mayúsculo pretender que una asociacion ilícita la conforman un Poder Ejecutivo integrado de manera legal”, señaló al tiempo que remarcó que las obras públicas las aprueba el Congreso a través del Presupuesto Nacional, en tanto que a su vez se ejecutan por parte de autoridades provinciales.

La exmandataria consideró que la causa “es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático” que “no es original” ya que, agregó: “la vemos en Brasil con respecto al expresidente Lula” Da Silva.

“Es una maniobra a nivel regional”, dijo Cristina Kirchner, quien señaló que además es “obviamente del actual gobierno” con el objetivo, según dijo, de “trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina a partir de las decisiones” del presidente Mauricio Macri.

Consideró que si su gestión fue “una asociación ilícita”, la actual sería “una asociación ilícita terrorista” porque -ironizó- “infunde terror a los ciudadanos, que tienen terror cuando llega la factura de luz y de gas o cuando van al supermercado”.

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